Vivir como náufragos


La investigación periodística exige más que visitar espacios físicos, tomar nota, realizar entrevistas y contrastar testimonios al momento de escribir, junto a un título que enganche y unos tips informativos de alto impacto que acompañen al trabajo central. Informar es una cosa, y no cualquiera. Pero descubrir una parte de la realidad que sea capaz de sorprender a quien lee, como quien descorre una cortina para mostrar un cadáver que hasta ese momento estaba escondido, es otra.

Estuve en Margarita visitando complejos habitacionales a medio terminar, papeles en mano, cámara al hombro, conversando con afectados de fraudes y estafas inmobiliarias para escribir un reportaje que salió publicado el domingo pasado en Últimas Noticias. Se evidencia el dilema esencial de estas personas  que quieren una casa y se quedan con más deseos que instalaciones. Hay señalamientos directos, datos, preguntas sin respuestas, pero también una distancia mayor de la que quisiera entre la primera mirada y el conocimiento cabal de la situación, con sus responsables bien nombrados. Me gustaría decir más, si tuviera pruebas o supiera cómo hacerlo. Me gustaría desenmarañar los métodos de la trampa, desnudar la complicidad canalla que se nos esconde en el alma y nos permite engañar a otros, darle con un martillo de pruebas en la frente a aquellos que aprovechan su poder para burlarse de la esperanza ajena, pero no he conseguido la forma de hacerlo. Así que, por ahora, publico acá solo la primera parte del final de la historia.

Vivir como náufragos

“Venga para acá por las caminerías que nos llevan hasta la casa 26”, dice Carmen Vargas mientras se embarra los zapatos. En realidad, la casa de Carmen está ocupada por su hija y sus tres nietos, en la manzana 1 de Las Marites, Av. Juan Bautista Arismendi de Margarita. La que está mostrando, la 26, ubicada en la manzana 8 de la misma urbanización, es un esqueleto, una imagen proyectada, un mal chiste con eco que se pierde por los huecos que van a ser, con estricto optimismo, las ventanas de un hogar.

Esa casa 26 es la de su hija, Carmen Guadalupe Martínez, la que compró hace 5 años a través de un crédito del Ipasme, pero no ha podido habitar por los retrasos de la empresa Promociones Las Marites II, C.A. No solo la parálisis o la demora, sino sus causas y consecuencias, llevaron a unas 150 familias a denunciar a los responsables y terminó con cuatro órdenes de aprehensión y una única detención hasta la fecha: la del ingeniero Gerardo Domínguez León, directivo de otras tres constructoras que figuran al frente del proyecto habitacional.

Las Marites consta de 13 manzanas y en cada manzana hay 60 viviendas. Algunas listas. Otras a medio terminar. 180 de ellas en plano. Vendidas.

Cuenta Carmen que en la oficina de ventas llamaron a cada denunciante para devolverles el dinero cancelado más un pequeño porcentaje a cambio de anular el compromiso. Unos aceptaron, otros no. Según ella, los proyectos que quedaban sin dueño volvían a ofrecerse para la venta con precios nuevos.

“Estafa, defraudación y usura, todos en grado de continuidad; además de asociación para delinquir”, decía la nota de prensa emanada por el MP para agitar su bandera de institución que cumple. La imputación a Domínguez León la realizaron el fiscal 46 nacional, Jesús Marcano, y la fiscal 5 del Estado Nueva Esparta, Brenda Alviarez.

Existe una medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el urbanismo, lo que dificulta la tramitación de créditos y la continuación de los trabajos de edificación. Sin embargo, Carmen Vargas, desde algo que promete ser el cuarto de la casa de su hija, confía en las gestiones que realizan sus voceras, otras víctimas: Mercedes Marín y Adriana Montero. Marín pertenece a la nueva Junta Administradora de Las Marites decretada por el Indepabis en una Providencia Administrativa, e instalada en la sede de las empresas constructoras, sobre las que recae una medida de ocupación temporal. Ella pagó lo acordado hace más de diez años por su vivienda, actualmente en la Manzana 3, y aunque logró protocolizar el documento que la acredita como proveedora, aún no puede habitarla por fallas en la construcción de los espacios interiores. Ni siquiera tiene luz.

Marín confía en las gestiones del gobierno y asegura que ha habido reuniones con los bancos que son, según ella, co-responsables de la estafa por suministrarles recursos económicos y créditos con bajo interés a las constructoras, sin inspeccionar las inversiones: Banco Exterior, Fondo Común y Del Sur.

Malvivir sobre el agua

A la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y también a Augusto Montiel, actual presidente de Indepabis. A Elías Jaua, vicepresidente, y al Minfra, a través de reuniones extraordinarias. A la Contraloría General y al propio presidente Chávez, que fue a inaugurar la tercera etapa del complejo urbanístico en octubre de 2000 y vio la situación con sus ojos del que tenga ojos que vea, y entonces ordenó al Ministro de Infraestructura hacer una investigación sobre los problemas denunciados por quienes en ese momento protestaron con pancartas. A todos ellos acudieron los habitantes de Cotoperí.

El equipo ministerial fue al lugar y ahí quedó la investigación, en la visita y muchas audiencias que, después de 10 años, carecen de soluciones.

El eslogan era lindo, dice Henry Araque, de 47 años, ebanista carpintero, miembro del Consejo Comunal: “un hogar para vivir”.

Este señor asegura que por su caso, que es el mismo de sus 7 mil vecinos, han pasado 8 fiscales y 5 jueces. Pronuncia esas palabras que juntas generan rabia y escalofrío: retardo procesal. “Tumbamos y volvimos a levantar las viviendas, padecían de graves fallas de construcción, se suponía que iban a tener 40 metros cuadrados y tienen 35, para habitarlas pusimos cables, acometidas de luz, tanques, pocetas y vidrios”, dice. Acusa –otro más en esta región– a la constructora Cavipreca, de Joaquín Livinalli, y dice que Banesco retiró de cuentas personales y cuentas nómina, dinero como pagos, pero que eso ya no es lo más importante: “Si no hubo sinceración de costos en su momento, menos va a haber indemnización”.

Lo fundamental para ellos, según Araque, es la canalización del río San Juan Bautista por los sectores Este y Oeste, porque las calles se convierten en corrientes de agua que anegan fachadas y salas y colocan en riesgo sus vidas, lo que obligó a evacuar a casi 2 mil personas debido a las lluvias en diciembre pasado. Lo otro, protocolizar las etapas 2 y 3, esa que fue presentada con bombos y platillos por el presidente cuando aún no tenía dos años en su cargo, y donde vive Miriam Díaz, quien asegura que la empresa le dio las llaves de la casa, pero no un documento, así que legalmente no es suya: “sin un título de propiedad ninguna institución nos va a dar créditos para acomodar las casas, que están mal construidas. Aquí las calles están fracturadas y los brocales rotos, pero igual viene el Inavi pidiéndonos censos y planos para que terminemos de pagar ¿Qué les vamos a pagar si no solucionaron los problemas estructurales?”.

Esa flor ya no retoña

Cavipreca vende lotes de terreno y 74 casas en la urbanización Los Jardines I del Municipio Díaz, gracias, en parte, al financiamiento del Banco Mercantil. Año 1999.

Juan Reinoso compra su vivienda, señalada con el C-6, contento y orgulloso, pagando sus cuotas directamente a la empresa constructora. Año 2001.

Cavipreca se declara en quiebra. Reinoso tiene un documento de protocolización firmado por el abogado Jorge Salaverría Lander. Con los años sus vecinos y él descubren que las casas no cuentan con registro de catastro ni permiso de habitabilidad, están construidas sobre lo que fue una laguna, el suelo es expansivo y los materiales de tercera: se cuartean y se inundan cuando llueve. Ya no está tan contento, pero aunque de él bajan serpenteando algunas grietas, tiene su propio techo.

En mayo de 2009, un representante del Banco Mercantil fija carteles en las fachadas de las 74 casas, anunciando un Embargo Ejecutivo decretado y ordenado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, firmado por la jueza temporal Rosangel Moreno. Como son dueños del terreno, van a ejecutar la hipoteca contra Cavipreca y a desalojar a los propietarios. Según Reinoso, que a estas alturas está cansado, o dolido, o ambas, en el banco no le reconocen el documento legal de propiedad. Algunos vecinos aseguran que la intención del Mercantil es “rematar” las casas para vendérselas a sus propios dueños.

Juan y otros propietarios se organizan y denuncian el caso en la AN, en el MP y en Indepabis. Rafael Tabarquino, vecino amigo y víctima, va a la audiencia con la Fiscal General de la República en febrero de 2011, ella misma le asegura que en pocos días le dará respuesta. Es lunes.

El viernes de esa semana a las 7 pm un representante del banco Mercantil visita el urbanismo y promete a voz de cuello que su institución retirará el embargo. Promete elaborar y presentar un informe que todavía están esperando. A la fecha, de forma legal y oficial, todo sigue igual, y ellos en Los Jardines con las paredes cuarteadas.

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Ni el hombre de la etiqueta

“Irrecuperable” se leía en la etiqueta que colgaba del pie de los corruptos que él ajusticiaba. Carlos Villamizar, el actor del famoso personaje de la telenovela “Por estas calles” también fue estafado. O casi. Se mudó de Caracas a Margarita buscando tranqulidad.  Canceló el monto estipulado para adquirir un pequeño apartamento en las residencias Bahía Sal y después el constructor quiso cobrarle el IPC. Villamizar se negó a pagarlo. Demandó. Ahora, a sus 75 años, vive la zozobra de tener las llaves de su inmueble, pero no un documento legal. “A_mí nadie me lleva por los cachos”, dice. Pero también: “La realidad supera a la ficción”.

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La odisea de Clara

 

Clara Digna Piña sufre las acciones de las mafias constructoras y el vía crucis al que obliga nuestro sistema judicial: Compró su casa en la urbanización Doral Margarita Townhouse, ubicada en Villa Juana y construida por el consorcio Margarita Building Corp, en 2006, pero todavía no vive en ella. Hubo cobros irregulares y el terreno estaba hipotecado. Hay casas terminadas, pero otras son un cascarón vacío: No tienen baños,  servicios, frizos ni escaleras. Demandó en cuanto organismo se ha creado para estos casos y gracias a ello, la empresa constructora recibió una multa de 5 mil UT. Uno solo de sus dueños, Ángel Simoza, recibió el castigo:_1 año y 8 meses de casa por cárcel. Qué ironía. De poco le ha servido a clara pertenecer a la Sala Situacional en materia inmobiliaria que impulsó el ahora presidente del Indepabis, Augusto Montiel, o ser un pilar fundamental para la defensa de los estafados en Nueva Esparta. Ha gastado en viajes y abogados. Dice que la burocracia se come a la justicia, porque hay un imputado, pero ella sigue sin casa y sin documentos de propiedad. Le dieron solo la guardia y custodia y ahora, después de 5 años, tiene que acudir a un tribunal civil.

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Dueños de una montaña… y del aire

Comenzó a captar asociados en 2006 con la promesa de que formaría una Asociación Civil para construir un complejo habitacional de 80 apartamentos en el municipio Maneiro. Pidió primero 6 mil BsF. a cada miembro para la compra del terreno. Después, 5 mil BsF. para brocales, aceras, jardines y otras mentiras. El proyecto creció a medida que aumentaban los “asociados”. Llegaron a ser 198. En total, según Rosaura Santana, una de las defraudadas, la directiva recibió más de 200 mil BsF. El terreno se compró en 2008, como consta en la foto, 22 mil metros hasta el tope del cerro, pero hasta ahí. La Asociación Civil se llama Villas de Chaddai y la impulsora del fraude Zulay Montilla. Han cobrado hasta cuotas mensuales de condominio. En la foto que sigue: los habitantes felices al frente de su hogar.

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